Los cañeros del Norte consiguen una rebaja en nueva ley azucarera

Al fondo, en la mesa principal, Oscar López (presidente de la Unión de 

Cañeros Unagro), el viceministro Morales y los diputados Yucra y Tupa.

Ocho horas de debate culminan con un tenso “consenso”. Cañeros piden vía libre para exportar azúcar y el gobierno les responde con lo mismo: “Mientras ustedes no garanticen el mercado interno no va a haber exportación”.

Dos diputados del MAS-IPSP y un viceministro tuvieron que imprimir una gran paciencia en la socialización de una ley con la que el gobierno nacional busca, en teoría, regular la relación entre los empresarios agroindustriales y los productores cañeros.

En la reunión efectuada en la Unión de Cañeros Unagro el 23 de agosto, ocho horas no fueron suficientes para consensuar la nueva norma. No salió humo blanco, sino un acuerdo con los dientes apretados y las partes llegaron a esa situación producto del agotamiento físico y por la redundancia de los argumentos esgrimidos. En varios tramos del debate las partes se empantanaron en conceptos como “venta directa”, “proceso de maquila”, “grados de sacarosa”, “control técnico”, “cooperación”, “prestación de servicios”, “pérdida fabril”, “plan de zafra”, “cañero tradicional”, “cañero nuevo” y cosas así. Fuera de esos complejos términos había un lucrativo negocio que defender.

Hubo alguien en el auditorio que sacó el tema del Tipnis. “A esos pobres hermanos indígenas del Tipnis los han tumbado con esa palabrita ‘intangible’, y esos hermanos no sabían qué era eso. Y no sea eso lo mismo que pase con la familia cañera”, dijo un campesino al cuestionar la intención gubernamental de insertar una figura de “compra directa” adicional al concepto convencional de aprovisionamiento de materia prima a los ingenios azucareros. Algunos veían una trampa escondida en ese término.

“Aclaremos esto, si el cañero va a pagar impuesto de la caña o va a pagar impuesto del azúcar, porque si estaríamos pagando impuesto de la caña vamos a pagar por 21 quintales de basura”, dijo otro cañero de mayor edad cuando salió lo de “prestación de servicios”, una cláusula incorporada por el Ministerio de Economía con el claro afán de aumentar las recaudaciones del fisco. “No basta un año de estudio para definir cuánto es la pérdida fabril, los cambios climáticos [influyen], por tanto cuando la sacarosa es más alta las pérdidas fabriles son menores. Que esto se mantenga pues en 18 grados de sacarosa”, propuso el Ing. Ronald Tapia a las posturas que fluctuaban entre 18 y 21 grados de sacarosa en el tema de la “pérdida fabril”. “Muchas veces los ingenios programan su molienda diaria, por ejemplo, si es 10.000 toneladas, preparan 8.000 y dejan un espacio de 2.000 para llamar a los amigos”, denunció Domingo Irusta sobre el tema de los cupos y el plan de zafra. “Aquí en esta sala hay muchos que acaban su [cupo] y van y le compran al vecino a precio de gallina muerta para seguir metiendo caña porque tienen muñeca”, remató un hombre de acento chapaco que se identificó como un productor “chico” del ingenio Guabirá.

Pero el asunto que estuvo a punto de hacer abortar el “acuerdo” y que sacó de las casillas al diputado Edwin Tupa fue la escasa predisposición del sector cañero a aportar en serio para el establecimiento de un centro de investigación agrícola. Durante tres largas horas gobierno y cañeros discutieron apasionadamente sobre la inclusión de un descuento en uno de los artículos de la ley: 0,60 centavos por quintal de azúcar y 0.10 centavos por litro de alcohol. La contrapropuesta coincidente de los cañeros fue bajarlo a 0,20 centavos por quintal de azúcar y 1 centavo por litro de alcohol y hubo una elegante dama del ingenio Guabirá que a los gritos pedía que se sustituya la palabra “quintal” por la palabra “tonelada”, en tanto que Irusta sugirió que el descuento en ambos casos se redujera a la mitad (0,30 y 0,05) en una especie de “solución salomónica”.

Las autoridades nacionales varias veces hicieron el ademán de tirar la toalla porque, al no poder entender la “idiosincrasia” de los productores cañeros, no concebían cómo estos eran capaces de regatear “por centavos” frente a la oferta gubernamental de invertir 8 millones de dólares en el centro de investigación.

“¿Quién se beneficia con este centro de investigación?, no es el Estado, son ustedes los cañeros, porque el Estado no tiene caña; ahora, si no quieren, lo dejamos ahí”, dijo repetidas veces el diputado José Antonio Yucra, presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, en tanto que su correligionario Tupa les recordó a sus anfitriones el crédito de Bs 40 millones que el gobierno de Evo Morales les otorgó el año pasado para que pudieran renovar sus plantaciones de caña. Pero además Tupa puso sobre el tapete supuestas denuncias según las cuales los únicos beneficiarios de esos créditos habrían sido los productores “grandes” mientras que los “chicos” habrían quedado al margen. “Tengo una serie de denuncias que dicen que no les han dado a los [productores] pequeños, que los pequeños sufren, hace rato un hombre al que no conozco se va y me grita diciendo: ‘Estás defendiendo a los grandes cañeros ahí adentro’. Cada uno vela [solo] sus intereses”.

En la trinchera cañera fueron notorias las intervenciones de cuatro o cinco productores agrícolas por la contundencia de los argumentos que manifestaban a la hora de contraatacar la tesis gubernamental. Dos de ellos fueron Irusta y el aludido tarijeño, mientras que Toribio Orozco y el Ing. Tapia postulaban posturas más conciliadoras.

E Irusta no dejó a Tupa sin respuesta. “Estamos arrepentidos de habernos [metido] en esa deuda. Nuestros excedentes de producción no están saliendo [al exterior] y nuestro consumo interno lo está destruyendo el gobierno. Ahí ayúdenos, honorable Tupa, para que esa exportación salga, porque si no sale, eso nos puede liquidar”, advirtió el empresario agrícola. “La exportación no es de la noche a la mañana, hay que proyectarla, no es decir ‘pasado mañana exporten’; no es así la cosa”, agregó Orozco, que también alertó de que si no se deja exportar al sector productivo, ellos no serán culpables por no pagar sus deudas y de que en consecuencia se produzca una sobreabundancia de azúcar en el mercado interno.

Al igual que esas hubo varias otras intervenciones en las que los cañeros cuestionaban al gobierno por cerrarles las puertas de los mercados externos. Ellos no entienden cómo el gobierno del "compañero" Evo Morales les otorga un millonario crédito en el marco de la “revolución productiva” y que al mismo tiempo les prohíba exportar azúcar con cuyas ganancias justamente podrían pagar esa deuda. No hay lógica.

A eso la respuesta del diputado Yucra fue tajante: “Creo que ya hemos sido claros en esto: mientras ustedes no garanticen el mercado interno no va a haber exportación”.

Pero los contrafuegos dialécticos no fueron solamente gobierno versus cañeros, también salieron al sol algunos trapitos entre los propios productores. El más mordaz fue el productor tarijeño mencionado más arriba que acusó a instituciones cañeras que no identificó en estos términos: “Las instituciones [cañeras] tienen un privilegio grande, cuando reciben los montones de plata prestada los socios son más solidarios que nadie, están sentados ahí hasta que les extienden sus cheques, pero a la hora de pagar no aparece nadie. Ojalá no les suceda eso a todos los que se han prestado del gobierno para sembrar caña, porque han sembrado todo menos caña, han comprado propiedades, han hecho esto, han hecho lo otro, y después, a la hora de pagar, no se aparecen. A mi cooperativa la han quebrado por causa de esos créditos, porque eran puntuales para sacar los cheques pero a la hora de pagar ya no”.

Al final del largo debate el viceministro de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala, Camilo Morales Escoffier, tuvo nomás que rebajar 40 centavos y el aporte de los cañeros para el centro de investigación quedó en 0,20 por quintal de azúcar y 0,10 por litro de alcohol, aunque sobre esto último hay la promesa de otra rebaja.

“Con esto no hacemos nada”, había advertido el diputado Yucra e Irusta sabiamente había ilustrado que instituciones que nacen financieramente débiles nacen condenadas a morir.