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| Marchistas gritan consignas frente a la puerta del despacho del Alcalde. |
Un centenar de pobladores de Alianza
marchó este lunes los 7 kilómetros que hay entre esa comunidad y Minero e
intentó tomar el despacho del alcalde Freddy Rivero, cansados de no poder
contar hasta ahora con un sistema que les permita tener agua en sus viviendas.
“Estamos cansados de oír tantas
mentiras, el tanque se encuentra paralizado desde hace meses, y yo le echo toda
la culpa a las autoridades porque no nos ayudaron a fiscalizar esa obra en su
debido tiempo”, dijo airado el presidente del Comité pro Agua, Eloy Salazar,
mientras mujeres de pollera gritaban consignas contra las autoridades municipales
y amenazaban con ocupar las oficinas del Palacio Consistorial.
Los funcionarios de la Alcaldía se
encontraban en estado de apronte.
“Si Minero no puede darnos agua, hay
otros municipios; Puesto Fernández nos ruega para que nos vayamos con ellos”,
dijo una de las mujeres. En la caminata han participado hombres, mujeres,
ancianos e incluso algunas señoras que cargaban guaguas. La principal demanda
ha sido la construcción de un sistema de agua potable, una obra del programa
nacional “MiAgua” que hoy se encuentra paralizada desde hace varios meses.
El proyecto fue adjudicado por el FPS a
la empresa cochabambina Vera Véliz S.R.L. por un monto de Bs 819.901 bolivianos
y un plazo de ejecución de 150 días. Se tenía que construir un sistema de agua
consistente en un tanque elevado y una red de cañerías en todo el pueblo. La
fecha oficial de inicio de obras es el 17 de octubre de 2011. Después hubo dos
plazos más, uno de 76 días y otro de 90 días.
El subalcalde de Alianza, Martín Daza,
calcula que el avance físico no llega ni al diez por ciento, mientras que la
Alcaldía ya desembolsó la contraparte del 15 por ciento y hay documentos que
muestran que el FPS (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo y Social) efectuó
pagos cuando era evidente la paralización de los trabajos.
Una vez calmados los ánimos la plana
mayor de la coalición municipal MAS-Frente Amplio se reunió con los marchistas.
Los dirigentes de Alianza hicieron conocer su indignación por el drama que
tienen que vivir debido al incumplimiento del contrato por parte de la empresa
Vera Véliz S.R.L. “Nuestras pobres hijas tienen hernia de tanto arrastrar
carretillas con galones de agua, ustedes pues no tienen aquí ese problema”,
protestó Daza.
Los cuatro jerarcas municipales
presentes (el alcalde, el Dr. Carrillo, el Ing. Rodríguez y Valerio) desde el
principio intentaron librar a la Alcaldía de Minero de cualquier
responsabilidad y echaron toda la culpa sobre el FPS. “Yo soy del MAS, y me
avergüenza que algunos técnicos del FPS nos estén haciendo pasar este momento,
pero entiéndannos, nosotros no hemos licitado ni hemos adjudicado, el problema
no está en la Alcaldía, está en el FPS”, enfatizó el oficial mayor. Wicho también dijo sentirse
“avergonzado”.
El munícipe masista apareció en medio
de la marcha cuando esta hacía su ingreso por la Plaza de Armas. Una viviente de Alianza reveló que los comunarios tardaron tres horas en recorrer
los 7 Km y que la aludida autoridad recién se sumó a ellos cerca de
Tecnodiesel.
Uno de los dirigentes campesinos hizo
ver que el segundo plazo otorgado a la empresa (90 días) se hizo en forma verbal
y que no hay nada firmado. Carrillo lo negó y anunció que si la empresa no
termina la obra en 45 días se rescindirá el contrato.
No hubo coincidencia sobre los montos
que el empresario Silvestre Vera Véliz tendría que pagar por no cumplir el
contrato. El alcalde menciona la suma de 5.000 bolivianos diarios, pero el Dr.
Carrillo indica que son mil dólares. A su vez el arquitecto Edgar Andrade, que
en 2010 fue director de Obras Públicas (una cuota del MAS), defiende a la
empresa constructora señalando que esta puede solicitar nuevos plazos y que por
tanto la multa de 1.000 dólares no es aplicable, tras lo cual el honorable
Valerio Rodríguez se lo llevó a su oficina en el Concejo “para seguir
hablando”.
Aunque se anunció la llegada del dueño
de la empresa para comparecer ante los comunarios, este no llegó nunca y al
final se impuso la “solución” ideada por el oficialismo, o sea,
llevárselos lejos a las oficinas del FPS en la ciudad de Santa Cruz donde, sin
nadie que los defienda, sería más fácil hacerles suscribir un nuevo convenio
con el contratista.
Sin embargo, al término de la reunión
quedó la sensación de que ninguna solución era viable pues todas conducían al
mismo lugar. Rescindir contrato significaba volver a fojas cero (volver a
licitar, volver a adjudicar, volver a contratar) y otorgar nuevos plazos
tampoco tenía sentido ya que estaba más que demostrado que la empresa
simplemente no estaba en condiciones de cumplir el contrato. Cualquiera de esas
dos “soluciones” significaban lo mismo: que la obra en Alianza iba a seguir
postergada, lo que a su vez solo significaba una cosa: que las pobres niñas de
Alianza iban a seguir acarreando galones con agua en carretillas quien sabe por
cuánto tiempo más.
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| Momentos de tensión en la reunión de los comunarios con los jerarcas de la Alcaldía de Minero. |
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