En esta crítica condición se
encuentra hoy el tramo pavimentado que va desde Tropigás hasta la
circunvalación oeste. A lo largo del trayecto (cerca de mil metros) se
observan hundimientos, fisuras y rajaduras, pero lo más alarmante se encuentra
en un área de treinta metros de capa asfáltica cerca del acceso al barrio San
Miguel. El pavimento está destruido.
La obra, según se conoce, no fue
recibida por los vecinos debido a cuestionamientos sobre la calidad de la
misma. “La empresa constructora colocó una losa de 8 centímetros y no de 12
como estaba en el contrato”, denuncia un mototaxista que vive cerca del lugar y
que pide el anonimato por temor a represalias del gobierno municipal.
Pero mientras el pavimento muestra este
patético cuadro el control social no se manifiesta; nadie se queja por esta
nueva estafa al pueblo. Es como si en el pueblo no hubiera otebés, ni Fejuve, ni Comité de
Vigilancia. Tampoco dice nada el autoproclamado guardián de la lucha contra la
corrupción en Minero.
En Santa Cruz de la Sierra los fiscales
anticorrupción están saturados de trabajo y la Delegación Departamental
de Transparencia tampoco se aparece por acá, quizás porque el alcalde es aliado
del Movimiento al Socialismo y todo el mundo sabe que el Ministerio de
Transparencia solo persigue a las autoridades que se oponen a Evo Morales Ayma.
Importa saber que el pavimento de Santa
Rosa y San Miguel se hizo en la gestión de Braulio Mamani. Pero importa saber
también que otras tres autoridades municipales que en su momento aprobaron con
su voto la reducción de la capa del pavimento de 15 a 12 centímetros hoy siguen
ocupando cargos públicos, dos de ellas al haber sido elegidas en comicios en
los años 2010 y 2011.
El profesional que en 2006 fungió como
fiscal del millonario proyecto está hoy ahí en un alto cargo en la Municipalidad como si nada hubiera pasado,
mientras que otro joven ingeniero civil y que igualmente tuvo que ver en el
asunto, ha tenido varias obras en municipios masistas con la venia de un
diputado venido a menos en el Norte.
La mencionada obra debió haber tenido
por lo menos veinte años de vida útil, pero no llegó ni a cuatro. Y ahora
¿quiénes pagarán por este nuevo daño económico al Estado? En este aspecto el
Art. 154 de la Ley Marcelo
Quiroga Santa Cruz es claro: los delitos económicos se cometen por comisión y
por omisión.
El punto es quién hará cumplir la ley en defensa de los
intereses de Minero.
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