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| La Toyota Hilux: la involucran en varias accidentes no esclarecidos. |
La
coalición municipal MIR-MNR-MAS y el concejal de los dos tercios consideran que
no fue delito haber utilizado un vehículo de la Alcaldía para transportar a un
abogado externo (es decir, un abogado particular) en un asunto que no era
oficial (trasladarlo hasta su casa), concluyendo, después de un largo debate,
que “la sumatoria de errores [sí] termina en un delito”.
El
miércoles 10 de octubre, en horas de la madrugada, la camioneta Toyota Hilux
protagonizó un accidente de tránsito al colisionar con una vaca en la vía
Montero-Warnes cerca de El Naranjal. Dos semanas después, el ejecutivo
municipal hace llegar un espurio informe al órgano deliberante que no satisface
a los concejales Flambury y Guamán. Este último hace ver que hasta ahora no se
tiene noticias del vehículo, no se sabe en qué taller está, ni qué tipo de
daños sufrió. Y en el Palacio Consistorial no dan ninguna pista.
En
este sentido las versiones del oficialismo no cuadran. Por un lado el oficial
mayor, Dr. Osberth Carrillo, indica que el transporte del Dr. Pablo Lijerón
hasta la capital cruceña fue autorizado por el ejecutivo municipal debido a que
el abogado estuvo trabajando en su oficina hasta las 11 y media de la noche
revisando los procesos judiciales que patrocina el municipio. El emenerrista Ruddy
Rodríguez a su vez lo único que dice es que el vehículo está asegurado y que
por tanto la Alcaldía no gastará un peso en la reparación. El concejal Valerio cae
en una serie de incoherencias porque por un lado confunde a la Alcaldía con una
empresa privada, añadiendo que “si el alcalde lo autorizó, yo lo veo magnífico
[…] no lo hallo nada malo”, pero después dice que esa noche estuvo en la
supuesta reunión de trabajo hasta las 21:00 horas y lo que haya pasado de ahí para
adelante no es de su conocimiento.
La
posición de Flambury también es confusa. “El Dr. Pablo Lijerón es un abogado
externo. Mi cuestionamiento es por qué la camioneta tenía que salir a las 11 de
la noche, y ese abogado debería buscarse su medio de transporte para ir y
venir”, dice Chiquitín, pero al mismo
tiempo señala que podían haberlo transportado “solo” hasta Montero y de ahí el
abogado externo hubiera utilizado un trufi para trasladarse a la ciudad de
Santa Cruz. Pero eso no es lo que dice el Art. 26 de la
Ley Marcelo
Guamán
es más específico. “El [Dr. Lijerón] no es un funcionario de planta, entonces
el municipio no tenía por qué transportarlo hasta Santa Cruz, ahí
está el hecho, es ese el delito que se ha cometido”, dice el munícipe opositor.
Y amenaza con denunciar al alcalde Freddy Rivero si este destina recursos
económicos para la reparación del motorizado. “Si lo hace, entonces ahí va a
ver quién es Guamán, ahí Guamán va a actuar”, advierte.
A
todo esto el asesor legal del Concejo, Dr. Mario Cárdenas, expresa una posición
salomónica: “No se pueden utilizar los bienes del gobierno municipal en
actos que no son oficiales; la ley es clara”. Empero, añade él, “todos los que
estamos sentados en esta mesa somos humanos, cometemos errores. Espero que este
error sirva para que el ejecutivo municipal aprenda y no lo vuelva a cometer”. Y
Flambury termina aceptando la tesis del asesor legal. “Todos erramos, pero la
sumatoria de errores termina en un delito después”, añade el munícipe de la agrupación ciudadana ASIP.
Sin
embargo, no hay dónde perderse, o se cumple la ley o no se la cumple.
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