jueves, 19 de julio de 2012

El caso del micro tiene todos los condimentos para acabar en nada, como tantos otros

POR EL VIGILANTE

El Concejo Municipal no muestra voluntad política que lleve a esclarecer un caso de supuesto uso indebido del microbús de la Alcaldía y más bien parece haber un acuerdo tácito con uno de los munícipes opositores con el fin de archivar la investigación.
Si hubiera habido voluntad política, esa misma tarde el concejal oficialista -al que este medio escrito anotició del asunto antes de hacerlo público- lo hubiera puesto en conocimiento del Concejo en “Asuntos varios”. Pero no lo hizo.
La trampa legal es muy simple. El Concejo tiene cinco miembros, de los cuales tres son oficialistas y dos fungen como opositores. Como miembros de la Comisión de Ética ni la Prof. Fátima Egüez ni el Lic. Límber Guamán pueden entablar una denuncia escrita y seguramente Ruddy Rodríguez no lo hará, peor su aliado Valerio Rodríguez que es precisamente la autoridad cuestionada. El único que podría hacerlo es Darwin Flambury, pero él no se ha ofrecido a hacerlo y todo indica que no lo hará. Así que no es difícil adivinar en qué terminará este caso.
En el caso del micro, según declaraciones del concejal Guamán, estaría involucrado el concejal que a sí mismo se define como “el concejal de las bartolinas” (lo cual ya es un problema pues en todo el territorio nacional solo en el municipio de Minero ha ocurrido que el representante de las señoras bartolinas sea un hombre y no una mujer), en tanto que el propio alcalde Freddy Rivero ha informado oficialmente que el vehículo fue utilizado por la Asociación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sissa” para transportar a sus militantes a una concentración política en defensa del proceso de cambio del gobierno de Evo Morales.
Todos los concejales, menos Guamán, se han declarado satisfechos con el informe mencionado y el asesor legal del órgano deliberante, Dr. Mario Cárdenas, incluso lo considera como “verdad material”, a pesar de que esa “verdad material” apenas consiste en una supuesta carta de solicitud, es decir, no hay hoja de ruta, no se sabe a qué hora salió ni a qué hora volvió el micro, cuánto combustible tenía ni con cuánto lo devolvieron, no hay facturas, no hay nada, solo una carta de la que no existe constancia de cuándo fue ingresada al despacho del Sr. Alcalde.
El miércoles 18 el Dr. Cárdenas presentó un informe legal en el que plantea que el Concejo le pregunte al Sr. Alcalde si existe o no una carta de solicitud firmada por el concejal del MAS. Por supuesto, tal carta de solicitud no va a llegar nunca y con este planteamiento se estaría buscando más bien que la investigación quede en nada. Eso sí, el informe jurídico “sugiere” que el Lic. Guamán entregue pruebas documentadas de su denuncia.
La “sugerencia” dista mucho de la advertencia formulada por el mismo abogado el 11 de junio cuando lo llamó “derechista” al Lic. Guamán y amenazó con enviarlo a la Comisión de Ética.
Sin embargo, estas maniobras de dilación solo muestran que la conducta del órgano deliberante no ha cambiado de lo que era en la época de Braulio Mamani cuando las denuncias de corrupción, algunos de ellas muy sonadas, jamás encontraron eco en la Comisión de Ética. Esta entidad nunca fue activada, ni siquiera para tratar el bullado caso de los 8.500 dólares, no la estrenaron ni para emitir una llamada de atención contra nadie. Esa es la calidad moral de los representantes que tenemos en Minero.

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