De acuerdo a datos obtenidos en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), la Alcaldía de Minero contrató al Ing. Napoleón Aguilera Sánchez por el monto de 199.500 bolivianos para que realice la función de fiscal de obras durante la ejecución del proyecto mencionado. Según el contrato, el profesional tendrá –entre varias otras– la tarea de “aprobar certificados de pago y planillas de avances de obras”. También se le otorga facultades para “aplicar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos”.
Unos días antes, en febrero de 2012, la cooperativa contrataba al Ing. Edgar Gonzales Ortuño para desempeñar esas mismas funciones.
Al respecto, la cláusula 5.b) del borrador del Convenio Interinstitucional suscrita por ambas instituciones señala: “[El gobierno municipal de Minero se compromete a] efectuar la fiscalización de las obras conjuntamente con COSMIN”, mientras que la cláusula 5.c) dispone que la Cooperativa conforme “una instancia responsable del seguimiento físico-financiero del proyecto” y más abajo se indica que COSMIN “revisará y validará (o rechazará) el avance de obras”. Si uno hace una lectura literal del texto, no hay dónde perderse.
El Convenio Interinstitucional, por lo tanto, no otorga al municipio facultades para ejercer la fiscalización física de la construcción. Se le asigna un papel más que todo de “coordinación”.
En este sentido Cosmin señala documentos que certifican que recibió autorización oficial del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) para contratar al fiscal de obras, mientras que el municipio habría recurrido a instancias políticas “superiores”.
La realidad es que la alianza municipal MIR-MNR-MAS se opone a que Cosmin fiscalice la obra, mucho menos que tenga algo que decir en la contraparte del 20 por ciento (casi 700 mil dólares) que la Comuna se comprometió a desembolsar. Es mucho dinero en juego como para ponerlo a disposición de fiscalizadores intrusos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario