Oficialismo no logró aprobar un reglamento presentado por la
subFejuve – El proyecto descarta la elección de la hija del alcalde – Revocadores
denuncian discriminación – Piden ser incluidos en la estructura de control y
vigilancia
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| Una ilustración del diario El Día. |
Tras fracasar en el intento de revocar al alcalde Freddy Rivero, dirigentes
de varias instituciones opositoras llegaron hoy en tropel a las oficinas del Concejo
con el afán de frenar la aprobación de un reglamento que, una vez aprobado por
el órgano deliberante, pondrá en vigencia la Ley de Control Social en el
municipio de Minero.
Como se sabe, la promulgación de esa norma significó la
muerte del Comité de Vigilancia y por eso es que hace varios meses que literalmente
no hay control social en nuestro municipio.
Esta tarde decenas de dirigentes vecinales, unos afines a la alianza
municipal MIR-MNR-MAS y otros que siguen al diputado masista Edwin Tupa,
hicieron oír sus posiciones, hubo gritos y desorden en la sala, mientras el
secretario de Autonomía, Valerio Rodríguez, trataba de salirse por la tangente.
“No me he metido en esto para que no digan que los masistas queremos tomar el
control social”, dijo, aunque, como insinuó off
the record el concejal de ASIP, la nueva ley responde a una estrategia
gubernamental para que los movimientos sociales afines al proceso de cambio
terminen copando el control social en Bolivia.
La idea disimulada del oficialismo era aprobar el proyecto enviado por
Luz Kerling Rivero, presidenta de Santa Rosa, con la firma de decenas de
instituciones locales. “En la elaboración del reglamento hemos incluido a
todas las organizaciones sociales, no hemos discriminado a nadie; el hecho de
ser la hija del alcalde no me quita el derecho a dejar un legado a mi pueblo”,
decía la Sra. Rivero, al tiempo que hacía ver que el Art. 12 inciso 6 del
proyecto establece que no podrán ser miembros del control social personas que
tuvieran parentesco con autoridades municipales hasta el tercer grado de
consanguinidad y el segundo grado de afinidad. “Yo misma me estoy descartando para
presidir el control social”, añadió ella.
Aunque con todo el derecho a decir lo que pensaban, los dirigentes
opositores llegaron algo confundidos a la sala de sesiones del Concejo. Ellos
denunciaron haber sido discriminados en la elaboración del reglamento. “A mí
nunca me tomaron en cuenta”, dijo la presidenta paralela del barrio 25 de
Diciembre, al tiempo que la otra presidenta de ese barrio afirmaba precisamente
lo contrario. También salió a luz una reunión de OTBs afines a Tupa en la casa
de Zenón Soto a la que por supuesto no fueron invitadas las OTBs afines al
alcalde.
En medio de esa confusión la presidenta de Cosmin, Gloria Becerra,
llegó a proponer la inclusión de Cosmin en la estructura del nuevo control social.
Para colmo de males, las OTBs opositoras habían hecho llegar al Concejo una
carta firmada por varios dirigentes en la que cuestionaban al Concejo por haber
aprobado una supuesta “Ley Municipal de Control Social”, cosa que era cierta pero que no era lo que suponían. “Es una carta burra
la que nos han mandado”, dijo fuera de grabadora el presidente de los
deliberantes.
El presidente de la cooperativa de trufis Avaroa, Marcial Baldivieso, cuestionó
al honorable Valerio porque, en su criterio, se presta a la supuesta
discriminación de organizaciones sociales que, aunque respaldan al presidente
Evo Morales, sin embargo no apoyan a la actual administración municipal y en
los últimos meses promovieron abiertamente el revocatorio de cuatro autoridades
municipales.
Justo cuando las papas quemaban y la sala bullía de gritos, el Ing.
Ruddy Rodríguez hizo el ademán de someter a votación el mencionado reglamento,
acto que fue atajado por el concejal opositor Límber Guamán, quien hizo ver que
el proyecto había llegado ese mismo día, lo cual fue secundado por Darwin
Flambury quien reconoció que ni siquiera lo había leído. “Por responsabilidad
yo no puedo aprobar algo que no he leído”, dijo. “Pero esto lo podemos leer en
diez minutos y listo”, terció su colega del MAS-IPSP.
En la mesa de debates también estaba el oficial mayor Osberth Carrillo
quien a todo pulmón intentó despejar cualquier duda sobre las intenciones del
oficialismo: “El control social no es para que vaya a caer en manos de los
parientes de ninguna autoridad pública”, dijo el funcionario masista. Palabras
que merecieron los aplausos no solo de las OTBs oficialistas sino también de
las opositoras.
Al final el Concejo decidió dar unos días más de plazo a los dirigentes opositores para que puedan presentar un proyecto alternativo, con la promesa
de analizar y debatir ambos proyectos y sacar un reglamento consensuado. “Pero
si la intención de esas OTBs es tomar el control social con fines políticos, al
día siguiente les vamos a armar otro control social”, advirtió un jerarca municipal.
ALGUNOS DETALLES DEL PROYECTO DE REGLAMENTO
PRESENTADO POR LA
SUB-FEJUVE
-En el marco de la Ley de Participación y Control Social, el proyecto presentado por
Luz Kerking Rivero y otras instituciones establece que existen dos tipos de
actores de control social: el “orgánico” y el “circunstancial”, y entre sus
finalidades enuncia que pretende “transparentar la gestión pública en el manejo
de los recursos y gastos”.
-De acuerdo a la proyectista, dichos actores podrán participar en la
elaboración de los POAs y en el control de la ejecución de los programas y
proyectos municipales, así como en la toma de decisiones en las áreas de salud
y educación.
-Los actores del control social podrán denunciar actos irregulares y
asimismo promover el procesamiento y exigir el cumplimiento de resoluciones
judiciales en contra de autoridades, funcionarios y empleados que administre
recursos fiscales y/o recursos naturales y que presten servicios básicos.
-“Identificar y denunciar hechos de corrupción”, es otro postulado.
-El control social estará conformado por 7 delegados titulares (y 7
suplentes), de los cuales 4 saldrán de las OTBs y juntas vecinales tanto del
área urbana como rural, 1 saldrá de las organizaciones de mujeres, jóvenes,
ancianos y discapacitados, 1 de organizaciones sindicales, indígenas y cooperativistas;
y 1 de las organizaciones gremiales y productivas.
-Habrá siete cargos: presidente, vicepresidente, secretario general,
secretario de hacienda; secretario de organizaciones, género y generacional;
secretario de relaciones públicas y anticorrupción; y secretario de servicios
básicos (que podrá surgir de una de las tres cooperativas: agua, luz o
teléfonos).
-Ningún miembro del control social recibirá salario alguno.
-La nueva institución no tendrá poderes absolutos.
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