Algo huele mal en el caso de los 58.000 dólares

Ahora resulta que la documentación clave desapareció del Archivo Municipal. Por lo tanto, nunca se sabrá quiénes autorizaron el endeudamiento espurio del municipio, tampoco aparecen las planillas de avance de obra (si es que las hubo) y no hay rastros de que se hubiera hecho obra adicional alguna en el barrio Progreso.

Foto del 20/12/2006. Se hunden prematuramente las losetas del Programa

de Mejoramiento del Barrio Progreso. El problema ha estado sin solución

hasta el día de hoy, con lo cual se probaría que no se hizo

ninguna obra adicional en esa zona. 

La alianza municipal MIR-MNR-MAS no logra “archivar” el caso de los 58.000 dólares. Archivar el caso, suponemos, aliviaría el existir de algunos concejales minereños, pero está claro que al interior de la coalición las fuerzas políticas aliadas están al acecho de cualquier oportunidad que se les presente para hacer pedazos al aliado circunstancial. Sucede así donde los pactos se hacen para la repartija del poder y no sobre fundamentos programáticos.

El 16 de marzo de 2007 el FNDR desembolsó un crédito de 58.309,47 dólares a nombre del Gobierno Municipal de Minero para una obra adicional en el Proyecto de Mejoramiento del Barrio Progreso, pero, según el contrato, el pago se habría efectuado directamente a la cuenta de una empresa constructora, sin embargo, la solicitud formal (que debería haber incluido la respectiva planilla de avance de obras y que legalmente debió ser autorizada por el alcalde de ese entonces) no aparece en los archivos de la Alcaldía.

Al menos eso dice un informe firmado por el Lic. José Luis Baspineiro Díaz, auditor interno de la Comuna y que, según se sabe, obedece al oficial mayor Osberth Carrillo Arancibia.

Recordar que en 2006 el ex alcalde Braulio Mamani Conde sacó dicho préstamo con el aval de una resolución municipal rubricada por Ruddy Rodríguez y Gloria Becerra, sus aliados de aquel entonces.

“No se cuenta con el documento de solicitud del [alcalde], tampoco [el FNDR] identifica a quién fue desembolsado directamente el crédito de 58.309,47 dólares”, señala el auditor que, por tal razón, recomienda que se efectúe una Auditoría Especial a fin de establecer el destino y uso que se dio a esos recursos.

El informe llegó al Concejo recién cuatro meses después de que el abogado masista Osberth Carrillo hiciera pública la denuncia y, según el fólder entregado por el auditor, la petición del mismo no fue formulada por el concejal del MAS-IPSP, Valerio Rodríguez Espinoza, quien teóricamente debería llevar la batuta en la lucha contra la corrupción en Minero.

De hecho, tras concluir la sesión ordinaria el 26 de abril pasado, día en que el órgano delirante debatió el asunto, Wicholiteralmente huyó del hemiciclo con la aparente intención de no exponerse ante los medios de comunicación pues cualquier vecino se da cuenta de que si se aplica el código del ama suwa en este asunto, legalmente no procederá la reelección del presidente del Concejo, cargo que ejerce el emenerrista Ruddy Rodríguez Calderón, pues así lo establece el Art. 154 de la Ley MarceloQuiroga Santa Cruz.

“Me llama la atención el silencio del concejal del MAS en este delicado tema”, dice al respecto el munícipe Darwin Flambury. Lo mismo se podría deducir de la posición que asume el otro concejal masista pero del sector disidente, Límber Guamán, quien parece más interesado en que se dé por cerrado el caso que en esclarecerlo.

Pero en política dos más dos no es cuatro y puede que al final la permisividad –por no decir algo peor– se imponga de nuevo ya que está visto que la aplicación de esa ley es cuestión de si estás con el senador Isaac Ávalos o con el diputado Edwin Tupa. Así de simple.

Es irónico que ambos parlamentarios pertenezcan a las filas del Movimiento al Socialismo, pero así están dadas las cosas en los tiempos que corren.

Y esto ocurre a 78 kilómetros de las oficinas de la Fiscalía y del Ministerio de Transparencia, instituciones estas que hace poco en otro municipio actuaron en forma fulminante para viabilizar el derrocamiento de un alcalde por algo tan trivial como el uso indebido de una fotocopiadora pero que, según parece, hasta ahora no se dan por anoticiadas sobre las cosas que están pasando en municipios como el nuestro y que, según profesionales como el Ing. Felizardo Joaquín Cruz, involucran varios millones en moneda nacional.