viernes, 20 de abril de 2012

Alcalde reconoce “permisividad” en una obra de YPFB

Técnicos de YPFB habrían advertido a las autoridades ediles de que se exponen a una activación del Art. 154 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz por no fiscalizar las conexiones de gas domiciliario que ejecuta la empresa Patogás S.R.L.

La rivalidad que sostienen la Alcaldía y Cosmin se ha trasladado ahora a las obras de conexión de gas domiciliario después de que una comisión técnica de YPFB hiciera notar que las autoridades municipales no estarían fiscalizando los trabajos de instalación que viene ejecutando en Minero la empresa Patogás S.R.L.
La empresa Patogás S.R.L. empezó a operar el 11 de enero de 2012 tras suscribir un acuerdo con la cooperativa de agua potable para poder ocupar unas de sus oficinas y así facilitar la inscripción de usuarios. Como era de esperar, esto provocó el enojo en la Comuna.
En los últimos días algunos vecinos hicieron conocer sus quejas contra supuestos cobros por la instalación de cañerías. Frente a ello el propietario de la empresa, Robert Montaño Vallejos, reconoció que se estaría cobrando por el servicio cuando las conexiones exceden los 22 metros que establecería el contrato suscrito con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos “Estamos cobrando, pero el dinero no va a Cosmin sino a la empresa, y nosotros no tenemos nada que ver ni con la Alcaldía ni con Cosmin, solo ocupamos una oficina en esa cooperativa para poder atender mejor a los usuarios”, dijo Montaño.
En una reciente visita técnicos de la empresa estatal YPFB habrían advertido al alcalde Freddy Rivero de que tanto él como los concejales podrían estar cayendo en la figura de omisión por no fiscalizar los trabajos que viene efectuando Patogás S.R.L. “¿Qué pasaría si se produce una explosión? ¿El responsable será Cosmin? No, no será Cosmin, será la Alcaldía porque la Alcaldía es la propietaria del territorio municipal”, le habría dicho al alcalde uno de los técnicos de la estatal petrolera.
“Estamos teniendo este acercamiento con YPFB para poder fiscalizar las conexiones de gas domiciliario que se están haciendo en Minero. Cosmin dice que lo está haciendo, pero el que lo está haciendo es YPFB con un proyecto del senador Isaac Ávalos”, informó el burgomaestre y añadió: “El técnico de YFPB [nos hizo ver] que estamos incumpliendo deberes cuando no sabemos qué están haciendo en nuestro municipio. Este canchón es nuestro y tenemos que saber qué están haciendo y cuánto están cobrando”.
Rivero reconoció que las autoridades municipales han sido “permisivas” en este asunto y que por lo tanto habrían caído en la figura de incumplimiento de deberes, delito que la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz sanciona con privación de libertad de uno a cuatro años.
Esta misma “permisividad” de la alianza municipal provocó que en 2011 un tinglado del plan Evo Cumple se desplomara en el barrio Unagro y aquella vez las autoridades ediles también reconocieron que sabían “lo que iba a pasar” pero que dejaron que las cosas sucedieran simplemente porque el gestor de esa obra era el diputado Edwin Tupa, aliado de Cosmin y a quien el alcalde prácticamente ha declarado persona “non grata” en Minero.

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