Vacación judicial prolonga incertidumbre sobre las chatarras

El Concejo Municipal está obligado a pronunciarse sobre el futuro inmediato del alcalde - Pero en la propia alianza municipal se tejen intereses cruzados - Y al interior del MAS-IPSP tampoco habría consenso sobre lo que se tiene que hacer - "No me interesa ser oficial mayor por dos años", ha dicho un ex concejal masista - Todo parece depender de lo que haga Valerio

La clase política en un momento de "rélax" recientemente.

Una vacación judicial que se prolongará hasta el próximo 15 de julio impide que sean notificadas las partes procesales del juicio de las maquinarias chatarras, según se pudo conocer en las horas recientes.
De acuerdo a registros oficiales, el 16 de noviembre de 2012 el Tribunal Constitucional Plurinacional emite un fallo denegando el recurso de Acción de Libertad interpuesto casi dos años atrás por el alcalde de Minero, lo que implica la prosecución de este proceso que data de hace quince años.
Recién cinco meses después el pliego procesal de las chatarras llega al Juzgado 2° de Partido y Sentencia de la ciudad de Montero, "por error", según se indicaría después, ya que el envío debió hacerse al Juzgado 3°.
Hasta ahora las partes procesales (Ministerio Público, la parte acusada, la parte acusadora y el Concejo Municipal) no habrían sido notificadas y existe confusión sobre lo que pueda ocurrir en el futuro inmediato una vez que el cuaderno procesal, incluida la Sentencia Constitucional 2343/2012, ha llegado a manos del juez Juan Carlos Barrientos quien en forma manuscrita en fecha 12/junio/2013 ordena que se cumpla y se notifique a las partes.
En primera instancia tanto el alcalde Freddy Rivero Villarroel como los jueces Alaín Núñez Rojas, William Tórrez Tordoya y Editha Pedraza Becerra (los vocales recurridos por la autoridad minereña) fueron notificados por cedulón en las oficinas de la Unidad de Notificaciones del Tribunal Constitucional ubicadas en la ciudad de Sucre.
Hasta la fecha el Concejo Municipal no ha sido notificado con la SC 2343/2012, por lo que técnicamente no tiene conocimiento del asunto, sin embargo, una vez que las partes procesales sean notificadas legalmente desde el Juzgado 3° de Partido y Sentencia el órgano deliberante deberá pronunciarse acerca de la situación legal del Sr. Alcalde.
La última vez que lo hizo ocurrió el 18 de abril de 2011 cuando tres concejales oficialistas determinaron no aplicar el Art. 144 de la Ley de Autonomías (que prevé la suspensión temporal del alcalde ante la acusación formal de un fiscal), lo cual era promovido por el diputado masista Edwin Tupa, y dieron curso más bien a un fallo del juez Víctor Hugo Rojas que había denegado el recurso de Acción de Libertad interpuesto por la autoridad minereña pero que de todas maneras había decidido enviarlo en revisión al Tribunal Constitucional. Por tal razón el proceso de las chatarras estuvo congelado en Sucre durante casi dos años.
Aunque en aquella ocasión no se produjo una votación formal con fines legales, cada uno de los miembros del Concejo se pronunció así: 
-Ruddy Rodríguez (MNR): No a la suspensión del alcalde.
-Valerio Rodríguez (MAS): No a la suspensión del alcalde.
-Fátima Egüez (ADN): No a la suspensión del alcalde.
-Límber Guamán (Todos por Santa Cruz): Sí a la suspensión del alcalde.
-Darwin Flambury (ASIP): Abstención.
Existe incertidumbre no solo acerca del futuro político del alcalde de Minero sino también acerca de cuál será ahora el proceder de los cinco concejales. Pero algunas pistas sugieren que el órgano deliberante ya no podrá sostener por más tiempo un proceso que ya data de quince años atrás, en un claro ejemplo de retardación de justicia. Un indicio de ello parece ser el informe enviado por el honorable Valerio Rodríguez el 13 de junio -tras el viaje a Sucre como parte de una comisión del Concejo- en el que recomienda "hacer notificar a las partes procesales". Pero en la propia alianza que cogobierna la Alcaldía habría intereses cruzados y ni siquiera al interior del MAS habría consenso sobre lo que se tiene que hacer.
A primera vista, todo parece estar predestinado para que el Movimiento al Socialismo tome las riendas del poder municipal en caso de producirse una imputación formal de una autoridad competente en contra del alcalde, pero a propósito el ex concejal Benedicto Arancibia, uno de los referentes históricos del MAS en Minero, off the record ha hecho saber que no le interesa ser oficial mayor por un período de solo dos años, en tanto que el Ing. Freddy Rivero ha advertido a los concejales de que el Art. 144 de la Ley de Autonomías ya no está vigente y que por lo tanto solo lo pueden suspender con una sentencia ejecutoriada, la cual, según él, no existe.