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| 2 de enero de 2013.- La última sesión ordinaria del órgano deliberante. |
El
caso es ventilado por el Ministerio Público a denuncia del periodista Luis
Zabala Farel y tiene que ver con una anterior demanda penal en la que pide la
suspensión temporal del alcalde Freddy Rivero en aplicación del Art. 48 de la
antigua Ley de Municipalidades y quien, según el texto, “se
encuentra con auto de procesamiento ejecutoriado [bajo] el anterior sistema, el
mismo que es equivalente a acusación formal [bajo la actual Ley de
Autonomías]”.
Los
cinco concejales citados son
Fátima
Egüez de Arias
Valerio
Rodríguez Espinoza
Ruddy
Rodríguez Calderón
Límber
Guamán Soto
Darwin
Flambury Vaca
Las
cinco autoridades minereñas fueron citadas para el martes 8 de enero de 2013 en
la Unidad Especializada
Anticorrupción del Ministerio Público en la ciudad de Santa Cruz.
El
Art. 154 de la Ley Marcelo
Quiroga Santa Cruz dice: (Incumplimiento
de Deberes). “El servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer
o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de
libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el
delito ocasione daño económico al Estado”.
Al
respecto Luis Zabala dijo desconocer los motivos de las notificaciones. “Yo
mismo me sorprendí con la noticia ya que no estoy detrás de esto, alguien lo
está moviendo”, dijo.
La
última vez que el Concejo Municipal abordó este asunto fue el 18 de abril de
2011. Ese día la directiva evitó considerar una supuesta imputación fiscal que
no fue leída formalmente y más bien decidió dar curso a un fallo del juez
montereño Víctor Hugo Rojas, con lo cual no se procedió a una votación nominal
sobre el Art. 144 de la Ley
de Autonomías, aunque por el tenor de las declaraciones de cada uno de ellos
quedó sobreentendido que los dos concejales del Frente Amplio y uno del MAS se
opusieron, mientras que el munícipe de Todos por Santa Cruz (en realidad un
masista disidente) se pronunció por la suspensión del alcalde, en tanto que el
representante de ASIP se abstuvo.
El
alcalde de Minero había planteado un último recurso en contra de tres vocales
de la Sala Penal
Primera de la Corte Superior
de Justicia. En una decisión anterior, esos vocales habían activado la prosecución
del juicio de las maquinarias chatarras. El juez en cuestión, Víctor Hugo
Rojas, deniega el recurso de Acción de Libertad pero le concede medidas
cautelares favorables hasta que el Tribunal Constitucional revise la sentencia
en la ciudad de Sucre.
Y
el caso se encuentra en esa capital desde el 20 de abril de 2011. Lo último que
se sabe es que ahora está en poder de un magistrado relator desde el 26 de
octubre de 2012 como “EXPEDIENTE EN PROCESO con Elaboración de Proyecto de
Resolución”.
Al parecer, sería la etapa final del proceso.
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