El Concejo se niega a cumplir la ley y no facilita documentos públicos

Arguyen los “fiscalizadores” que para acceder a documentación municipal se tiene que acreditar título de periodista y representar “a la sociedad civil organizada”.

En una carta cargada de soberbia y discriminación, el Concejo Municipal de Minero volvió hoy a negar información de interés público que en forma escrita solicitara este medio escrito el pasado 10 de septiembre. Pero además el órgano deliberante conmina al autor de este periódico digital a presentar “la documentación que lo acredite como periodista”, en otra afrenta a la libertad de información consagrada en el Art. 106 de la Constitución.

En la citada carta del 10/9/2012 este blog solicitó información referida a la construcción del Palacio Consistorial, así como fotocopias del POA 2013 (la versión completa) y de las actas de tres sesiones del Concejo. Se trata de documentos de orden público.

El Art. 97 del Reglamento Interno de los deliberantes indica con toda claridad que “las actas del Concejo estarán a disposición de cualquier ciudadano del municipio”, en ninguna parte se señala que el vecino que las solicite tenga que presentar título académico. “Cualquier ciudadano” significa cualquier ciudadano.

A nuestra solicitud del expediente del Palacio Consistorial la presidenta de los concejales, Prof. Fátima Egüez de Arias, nos responde que “su persona para [recibir esa información] debe demostrar que es representante de una organización civil, campesina, originaria, gremial”. Sin embargo, el Art. 5 numeral 16 de la Ley Marco de Autonomías dice claramente: “Los órganos públicos […] de las entidades territoriales autónomas facilitarán a la población en general […] el acceso a toda información pública en forma veraz, oportuna, comprensible y confiable”. Población en general quiere decir cualquier vecino, cualquier persona, cualquier ciudadano. Otra cosa es que se quiera ocultar la información, lo cual, de ser así, sería más grave todavía.

En definitiva, de los cinco documentos solicitados el Concejo no ha accedido a facilitarnos siquiera uno. Y el argumento que esgrimen es llamativo: “Su petición es inviable porque usted no ha demostrado cuál es el fin legal de su petición”.

Preocupa pues que el ente “fiscalizador” del municipio ponga tantos obstáculos cada vez que se le solicita una información que se supone es pública. En el caso de la construcción del Palacio Consistorial, este medio periodístico solo tiene un “fin” que es llegar a la verdad histórica de los hechos, no somos fiscales ni jueces ni políticos para tener un “fin legal”. En un estado de derecho la verdad sería simplemente la verdad. Hablar de un “fin legal” es solo una chicana más para impedir precisamente que se llegue a esa verdad.

Finalmente, se molestan los deliberantes porque en nuestra carta añadimos un recordatorio del Art. 154 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, indicando ellos, con sarcasmo y soberbia, que “dicho artículo no fue instituido para satisfacer apetitos personales”. El punto es que si viviéramos en un estado de derecho, con absoluta independencia de poderes, con estricta aplicación de la justicia y de las leyes, aquellos que ahora se niegan a facilitarnos la información solicitada tendrían que rendir cuentas por incumplimiento de deberes, pero como la coraza protectora del copamiento de los poderes del Estado al parecer también los cobija a ellos, no temen, y simplemente se niegan a acatar las leyes que un día juraron cumplir.